El efecto desvastador que la crisis económica en la que seguimos inmersos ha tenido sobre millones de familias y empresas ha puesto de manifiesto, desgraciadamente de forma traumática, algunos aspectos de la legislación que, a pesar de tener vigencia desde hace décadas, en nada atienden a los principios de igualdad y justicia sobre los que deberían desarrrolarse las leyes que regulan la convivencia, siendo en otros casos la falta de regulación y la excesiva permisividad las que han dejado desprotegidos a ciudadanos y a pymes ante los intereses de especuladores y grandes corporaciones.
Por recordar algunos ejemplos: ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda pero con obligación de seguir pagando el capital pendiente, cláusulas techo y suelo, preferentes y productos financieros complejos, empresas que falsean su contabilidad y arruinan a sus accionistas…
En este escenario, las asociaciones de consumidores y usuarios han adquirido un papel fundamental como catalizadoras de las demandas de ciudadanos que se han visto abocados a una situación límite y que no disponen de los medios ni de la información necesaria para enfrentarse a ella.
Ocu, Facua, Adicae, Ceaccu, etc., son algunas de las organizaciones de consumidores que asesoran a sus socios afectados sobre las posibles soluciones a sus problemas y les prestan el apoyo jurídico necesario para defender sus intereses con un coste por lo general inferior al que les supondría contratar directamente a un abogado. Además, y especialmente Adicae, coordinan la presentación de demandas colectivas, fórmula que agiliza enormemente los trámites de los pleitos que reunen determinadas características.
Así mismo, reinvindican activamente la eliminación de los desequilibrios y carencias legales que pudieran haber dado lugar a la situación actual, ya sea planteando modificaciones legislativas ante la administración pública o promoviendo eventos divulgativos y de presión social.
A la informativa y a la reivindicativa hay que añadir la labor formativa, la cual resulta fundamental porque la falta de información conlleva la incapacidad de proyectar correctamente en el futuro las posibles consecuencias de cualquier decisión que se tome, máxime cuando se trata de adquirir un compromiso económico durante veinte, treinta o cuarenta años, en el caso de las hipotecas, o de invertir los ahorros de toda la vida, por lo que las asociaciones de consumidores se postulan como fuentes de formación e información veraz e imparcial, dentro de sus ámbitos de actuación, que permitirían al consumidor tomar decisiones adecuadas y conscientes, evitando así repetir los errores que han contribuido a generar el actual estado de cosas.
Fuera del ámbito financiero, las organizaciones de consumidores suelen ofrecer información sobre productos, suministros y servicios, así como servicios de asesoría fiscal y jurídica, a fin de tramitar reclamaciones por fraudes, irregularidades en la prestación de servicios o productos defectuosos. Cabe destacar las comparativas realizadas por OCU en su revista Compra Maestra, que son una heramienta de gran utilidad a la hora de tomar una decisión de compra de productos (alimentación, material informático, electrodomésticos, coches…) o de contratar un servicio o suministro (electricidad, gas, telefonía, seguros…).
Más información sobre asociaciones de consumidores:
AECOSAN (antes Instituto Nacional de Consumo), listado de organizaciones de consumidores.
